De la emergencia humanitaria compleja al COVID-19: la migración venezolana

Mikhael G. Iglesias L. – Candidato de Maestría, NYU CLACS

Más de 5 millones de venezolanos han dejado su país a medida que la crisis humanitaria se ha ido agravando, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos. Las oleadas de emigrantes han estado presionando a los gobiernos de la región para que examinen qué políticas adoptar para atender la crisis que desborda la fronteras de Venezuela. Recientemente, bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, el escenario migratorio se vuelve más complicado. Los venezolanos en otros países se encuentran en medio de la pandemia, afectados por el desempleo y la falta de acceso al sistema de salud pública por un lado. Por otro, sopesando las dificultades de retornar a un país que sigue en deterioro y que los discrimina señalándolos como “armas biológicas”. 

Noviembre 2018, paso fronterizo entre Venezuela y Colombia. Créditos: Ligia Bolívar

         La situación de los venezolanos que han salido de su país es complicada. El proyecto Migrantes y Refugiados Venezolanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello reporta que muchos han salido caminando hacia Colombia, siendo aproximadamente 1,800,000 venezolanos en el país vecino (Ver gráfica para más detalles). En el caso de Colombia,  nada mas el 43% se encuentra en una situación legal regular. Tan sólo unos 5 mil venezolanos han solicitado la condición de refugiado, de los cuales nada más se les ha otorgado a 140. Mas allá de la legalidad, el 90% se encuentra trabajando en el sector informal, lo que señala la condición crítica y vulnerable en la que se encuentran en medio de la fragilidad económica ante la pandemia. 

La pandemia por COVID-19 ha afectado la condición laboral de muchos a nivel mundial. En especial precariedad se encuentran quienes por trabajar en el sector informal  no cuentan con acceso a sistemas de seguro social y/o servicios de salud. De los migrantes que se encuentran en Colombia el 30% afirmó haber necesitado tratamiento médico, de los cuales el 67% no recibió la atención adecuada debido a no estar afiliado al sistema de salud, a que los costos son muy elevados, a no contar con documentación y también por la restricción de movilidad por las medidas ante la pandemia. 

Los retornados

Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, explicó que la migración venezolana es una situación muy compleja debido a que cada país en Latinoamérica maneja de forma distinta el proceso legal y de ayuda con los venezolanos. Las diferencias y obstáculos burocráticos, subrayan la necesidad de llegar a un acuerdo y estrategia regional para asistir a los migrantes. Colombia, Perú, Chile y Ecuador son los destinos principales de aquellos , y que actualmente se encuentran también vulnerables ante la pandemia. Muchos de estos migrantes han perdido sus trabajos y han salido a las calles, en contra de las medidas de la cuarentena, para pedir alimentos y ayuda para sobrevivir. “Pasan por las calles -de Bogotá- gritando… soy venezolano! ¡Tengo hijos! Ayúdenme para comer… y algunas personas le lanzan comida desde los balcones… es una escena terrible”, comentó Ligia quien ha estado viviendo en Bogotá mientras registra la situación de los migrantes venezolanos.

Noviembre 2018. Paso fronterizo entre Venezuela y Colombia. Créditos: Ligia Bolívar

Algunos medios han señalado la situación de venezolanos que han tratado de retornar a su país debido a que no tienen como mantenerse en los países donde se encontraban. Sin embargo, es alrededor del 1-2% de la migración total que ha intentado regresar. Aquellos que han regresado por la frontera caminando, se han tenido que enfrentar al aislamiento y cuarentena obligatoria en manos de la guerrilla tanto venezolana como colombiana y las fuerzas armadas venezolanas, comentó Ligia.

En el reporte elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, se detalla que para el 10 de abril de este año, el gobierno había levantado 71 centros de alojamiento temporal en diversos estados del país, con una capacidad de 3,664 personas, llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI). Si bien los 40 mil venezolanos que se estima que han regresado al país no representa ni el 1% de la emigración, la capacidad de los centros de atención resulta insuficiente para los 40 mil venezolanos que se estiman han regresado al país. Las personas que están en dichos centros se encuentran hacinadas y en condiciones precarias. Un triste ejemplo de las consecuencias de este sistema es el reporte de un centro de atención en el estado Lara en el que un niño de 9 años de edad falleció debido a deshidratación como consecuencia de alimentos provistos, aparentemente vencidos, y por no haber contado con acceso a agua potable ni de servicios sanitarios.

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